3.000 industrias carecen de autorización ambiental y deberían cesar su actividad

29/10/2007 Fuente: Ecologistas en acción 

El 30 de octubre de 2007, finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtengan e implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la Unión Europea, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, y en consecuencia a partir de mañana deberán cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Según Ecologistas en Acción la explicación de esta lamentable situación es compleja, y en todo caso desoladora: a los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las Comunidades Autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses), y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

De hecho, la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida por el Ministerio de Jaume Matas que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes de 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.

Para Ecologistas en Acción la situación se complica, porque los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía al día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma. Gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelanto 3 años a España en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20% y Cantabria en un alarmante 5%.

En contraste, países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal. Previsiblemente, el esfuerzo realizado por la industria y los Estados centroeuropeos va a pasar factura a nuestro país, a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad, sin olvidar la oportunidad desaprovechada para mejorar la calidad ambiental de las ciudades y ecosistemas españoles.

En números redondos, Ecologistas en Acción calcula que más de 3.000 empresas no cuentan con la autorización ambiental integrada que las habilite para continuar su actividad. La estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10% del Producto Interior Bruto, magnitudes que dan una idea del desastre para el sistema productivo español. El deslizamiento de esta fracción productiva a la “economía informal” conllevaría un coste para las empresas de entre 600 y 6.000 millones de euros, sólo en multas, que paradójicamente deben imponer las propias Comunidades Autónomas que han sido incapaces de hacer cumplir la norma.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.