02/07/2007 13:02:00 ; MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Vamos a hacer un juego de memoria: ordenadores personales portátiles, teléfonos móviles, PDAs, navegadores, mp3, pantallas de plasma, TDTs, cámaras digitales... ¿Recuerda cuándo empezó a usar todos estos dispositivos electrónicos? ¿Concibe su vida y su trabajo sin ellos? Hace poco más de 10 años, muchos de ellos ni siquiera existían, y otros no pasaban de ser una extravagancia propia de los denominados "yupies" en la que la mayoría jurábamos que nunca caeríamos. Hoy, no sólo son una realidad que forma parte de nuestras vidas, sino que además no seríamos capaces de vivir y trabajar sin ellos, y se han convertido en un elemento de "status" en el que muchos quieren estar a la última. Pero esta situación, cuya lectura 'a priori' es positiva, ya que ha aportado bienestar a muchos ciudadanos, dinamizado un sector económico y creado puestos de trabajo, tiene un envés negativo y menos visible: cada año se generan miles de toneladas de residuos que es necesario reciclar. Sin embargo, haciendo de nuevo una lectura más positiva, el mercado, cada vez más dinámico y competitivo, demanda a su vez un aumento de la innovación en beneficio del Medio Ambiente.
La concienciación a favor del desarrollo sostenible es una realidad: como ejemplo puede destacarse el aumento espectacular de los electrodomésticos con una reducción notable del consumo energético. Los productos con clasificaciones energéticas A o superior actualmente representan un 80% de los productos vendidos, cuando hace una década apenas suponían un 20%, y las mejoras en este sentido continúan. Una gestión responsable y sostenible, en los ámbitos medioambiental, económico y social, es indispensable para proteger al planeta, a las personas y a la propia industria. Sólo de esta forma puede garantizarse la producción a largo plazo. En ese contexto se enmarca la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que en España se traspuso mediante el Real Decreto 208/2005, en vigor desde agosto de 2005, que regula el reciclado de este tipo de aparatos y sus componentes. La normativa española, ya en el preámbulo de la ley, recuerda el principio "quién contamina paga", y responsabiliza al productor, que debe hacerse cargo de los costes de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Por lo tanto, según la normativa, para paliar los efectos negativos de la mayor generación de residuos, las compañías productoras están obligadas a implantar mecanismos que garanticen el reciclaje y la correcta gestión de los residuos al final de su vida útil. A fin de hacer frente a esta responsabilidad, los productores tienen la posibilidad de agruparse en Sistemas Integrados de Gestión (SIG) para cumplir con sus obligaciones de recogida y reciclaje al mínimo coste, garantizando siempre el mejor servicio. En España se han creado un total de nueve SIG. Pero, a pesar de que la directiva está en vigor en nuestro país desde hace casi dos años, aún queda mucho trabajo por hacer para poner en marcha un sistema que beneficie por igual a usuarios, empresas, entidades locales y, por supuesto, al Medio Ambiente.
Desde ERP, intentamos poner nuestro granito de arena para contribuir a la puesta en marcha en España de un sistema que beneficie a todos. En esa línea, propugnamos un modelo abierto, positivo para todos los productores --ya que un mercado abierto es siempre más flexible que un mercado unitario-- y pensamos que la colaboración entre todos los SIG, junto a un mercado en competencia, generará soluciones innovadoras que permitan el abaratamiento de los costes. Basándonos en nuestra experiencia en otros países europeos, dado que somos el único SIG de entre los que operan en España de ámbito paneuropeo y que contamos con el respaldo y la cobertura geográfica de las estructuras comerciales de las cuatro multinacionales --Braun, Electrolux, HP y Sony-- que fundaron ERP hace cuatro años, postulamos un sistema de recogida que busca el beneficio de todos los actores implicados: consumidores, ayuntamientos, empresas de servicios y, por supuesto, el Medio Ambiente.
En este sentido, proponemos que cada SIG dé servicio a un grupo de municipios, cuyo número dependerá del tamaño del SIG. Cuando un SIG siempre da servicio al mismo grupo de municipios puede optimizar las rutas de recogida, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente, al garantizar que los camiones de recogida vuelvan llenos. Este sistema reduce la contaminación por el tráfico de camiones. No deja de resultar una paradoja que, para reducir la contaminación mediante el reciclado, haya que aumentar los niveles de contaminación acústica y de CO2 por no optimizar los viajes a plena carga. También se verían beneficiados los ciudadanos, ya que la posibilidad de establecer itinerarios que optimicen la carga completa del camión, supone también una reducción de costes que repercute positivamente en el bolsillo de los ciudadanos, a la hora de adquirir aparatos eléctricos y electrónicos y en el de las empresas productoras, a la hora de organizar los servicios de recogida. Finalmente, este sistema beneficia a los Ayuntamientos, ya que mejora el servicio que los SIG prestan a las entidades locales. Un SIG que trabaje en exclusiva con un Ayuntamiento puede darle un servicio más especializado.
Este sistema permite, además, al municipio optar por el SIG que más le convenga y, si no está de acuerdo con un servicio, contratar con otro SIG. Esto se traduce en un aumento de competencia entre los diferentes SIG que conlleva mejoras en los servicios, reducciones de costes y saneamiento del sector, como sucede siempre en un contexto de libre competencia. Basándonos en nuestra experiencia en Europa, podemos afirmar que este tipo de sistema genera un beneficio significativo para la economía. Países como Austria, que ha apostado de forma decidida por generar un mercado en competencia entre los diferentes SIG, han vivido un descenso muy significativo en los precios de reciclado en pocos meses. Mayor calidad e innovación en el servicio, generación de puestos de trabajo y, por supuesto, ahorro en precios para los consumidores finales son algunas de las ventajas de este sistema que, esperamos, pueda terminar de implantarse con éxito en España, como ya ha sucedido en otros países de su entorno.Ignacio Duque.Director General de la Plataforma Europea de Reciclado (ERP) en España.
