Denuncias

Un nuevo episodio de contaminación. Su protagonista: el propio Ayuntamiento

08/11/2007 - Sanlúcar - Fuente: Ecologistas en Acción

En la mañana de ayer, tras haber recibido una llamada telefónica de un agricultor de La Algaida denunciando que un camión-cuba del Servicio de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Sanlúcar había volcado 10 bidones de 250 kilos con restos de alquitrán, voluntarios de Ecologistas en Acción se trasladaron al lugar en cuestión para comprobarlo. Al parecer, el método utilizado fue levantar la cuba y arrojar los bidones, lo que ocasionó que dos de ellos se agrietaran, vertiendo directamente en el suelo varios litros de este elemento contaminante.

Dicho vertido se ha producido dentro de las mismas instalaciones de la Planta de Residuos Agrícolas, ubicada en la calle L de La Algaida, donde actualmente sólo se recoge materiales procedentes de la agricultura intensiva, como plásticos de invernadero, alambres, tuberías de goteo, desechos de madera y envases fitosanitarios, quedando excluido todo tipo de residuos no procedentes del sector agrícola. Según la *Ley** 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el alquitrán tiene que ser recogido por un *gestor autorizado, ya que se considera residuo tóxico y peligroso, debido a que muchas de las sustancias de las que se compone son cancerígenas.

En concreto, la citada ley establece que los productores de residuos tóxicos y peligrosos tienen la obligación de:

a. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.1 , por sí mismo o mediante cesión de los residuos tóxicos y peligrosos a un gestor autorizado.

b. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos tóxicos y peligrosos evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de la peligrosidad de los residuos o de la dificultad para su gestión.

c. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos tóxicos y peligrosos en la forma que reglamentariamente se determine.

d. Llevar un registro de los residuos tóxicos y peligrosos producidos o importados y destino de los mismos.

e. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.

f. Presentar un informe anual a la Administración pública competente en el que se deberán especificar, como mínimo, cantidad de residuos tóxicos y peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final.

g. Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos.

Por otra parte, el alquitrán aparece definido en los diccionarios como un residuo negro y pegajoso compuesto por miles de sustancias químicas, algunas de las cuales se consideran carcinogénicas o están clasificadas como residuos tóxicos, destacándose que el alquitrán obstruye gravemente el sistema respiratorio.

Todos los apartados citados en la mencionada ley han sido incumplidos por el propio Ayuntamiento. Por consiguiente, Ecologistas en Acción reclama una contundente y rápida respuesta de las Delegaciones Municipales de Medio ambiente y de Obras y Servicios, aclarando públicamente tan dantesco hecho. El Ayuntamiento no puede pretender que los ciudadanos respeten las leyes que velan por el respeto al medio ambiente si esta misma administración las incumple.

Aprueban nuevas graveras y vertederos en el Parque Regional del Sureste

08/11/2007 -  Comunidad de Madrid - Fuente: Ecologistas en Acción

En una sesión maratoniana, la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste se ha reunido en la mañana-tarde de hoy miércoles 7, en la sede de la Consejería de Medio Ambiente. En primer lugar se ha procedido a la lectura del informe del Director del Parque, que ha detallado las actuaciones realizadas en los últimos meses. Llama la atención la ausencia de inversiones en la compra de patrimonio público que garantizara la conservación de alguno de los espacios más sensibles del Parque. Como nota preocupante, hay que señalar la presencia descontrolada de especies exóticas como el mapache en el interior del Parque.

Los colectivos ecologistas han mostrado su queja por la ausencia del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en el orden del día y han pedio explicaciones a la Presidencia de la Junta por este motivo. El Director General de Medio Natural ha indicado que en breve pasará por el Consejo de Estado y será éste el último paso antes de su aprobación. El PRUG acumula 8 años y medio de retraso.

Más de un centenar de informes se han sometido a información de la Junta Rectora. Estos informes son preceptivos para que puedan realizarse prácticamente cualquier tipo de actividad dentro del Parque. Llama la atención el gran número de proyectos ligados a la actividad de la construcción que se sometían a informe, como casi treinta nuevas graveras, una veintena de escombreras, operaciones urbanísticas, etc. Entre las actuaciones aprobadas destacan por su gravedad:

- 13 nuevas graveras, todas menos una en Ciempozuelos y San Martín de la Vega. La Junta Rectora ha contravenido así la moratoria que se había impuesto hace años a autorizar nuevas extracciones de áridos mientras no estuviera aprobado el PRUG (documento que debería poner garantías y control a la actividad minera). Por otro lado, con esta aprobación se consolida una situación insostenible de concentración de explotaciones en el sur del Parque, aumentando el impacto sinérgico que éstas ocasionan.

 Una veintena de escombreras, camufladas algunas de ellas como restauración de graveras. Aprovechando la demanda del sector de la construcción por verter las tierras y escombros de su actividad, la Consejería de Medio Ambiente ve una oportunidad para la eliminación de estos desechos en los huecos dejados por las graveras al final de su actividad. Con estas aprobaciones se convierte definitivamente el Parque del Sureste en la gran escombrera regional.

 Aprobación de proyectos de eliminación de residuos y escombros en la zona de la Cañada Real. Varios proyectos, entre otros los accesos a la Cañada, han sido autorizados. Una vez más, cuando hay que buscar emplazamiento para las instalaciones de eliminación de residuos, se elige el Parque del Sureste.

 4 proyectos urbanísticos, a realizar en Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio, con lo que aumentará la presión humana que este espacio aguanta.

Ha resultado especialmente significativo la gran cantidad de proyectos que se sometían a información que ya habían sido ejecutados por sus promotores, contraviniendo la legislación del Parque. Pero lo que es aún más alarmante, es el desconocimiento del que ha hecho gala la Consejería de Medio Ambiente respecto a la ejecución de la mayoría de ellos. Cabe destacar en este sentido que la Consejería ignora la existencia de 7 graveras que todavía operan en suelos incompatibles (ribera del Jarama), hecho que ha sido recordado por los representantes ecologistas en la Junta.

3.000 industrias carecen de autorización ambiental y deberían cesar su actividad

29/10/2007 Fuente: Ecologistas en acción 

El 30 de octubre de 2007, finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtengan e implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la Unión Europea, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, y en consecuencia a partir de mañana deberán cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Según Ecologistas en Acción la explicación de esta lamentable situación es compleja, y en todo caso desoladora: a los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las Comunidades Autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses), y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

De hecho, la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida por el Ministerio de Jaume Matas que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes de 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.

Para Ecologistas en Acción la situación se complica, porque los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía al día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma. Gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelanto 3 años a España en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20% y Cantabria en un alarmante 5%.

En contraste, países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal. Previsiblemente, el esfuerzo realizado por la industria y los Estados centroeuropeos va a pasar factura a nuestro país, a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad, sin olvidar la oportunidad desaprovechada para mejorar la calidad ambiental de las ciudades y ecosistemas españoles.

En números redondos, Ecologistas en Acción calcula que más de 3.000 empresas no cuentan con la autorización ambiental integrada que las habilite para continuar su actividad. La estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10% del Producto Interior Bruto, magnitudes que dan una idea del desastre para el sistema productivo español. El deslizamiento de esta fracción productiva a la “economía informal” conllevaría un coste para las empresas de entre 600 y 6.000 millones de euros, sólo en multas, que paradójicamente deben imponer las propias Comunidades Autónomas que han sido incapaces de hacer cumplir la norma.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.

Vertederos de residuos urbanos en Cádiz

30/10/2007 Fuente: Ecologistas en acción

La asamblea anual de Ecologistas en Acción Cádiz, reunida en Sanlucar de Barrameda, denuncia la desastrosa gestión de los residuos urbanos en la provincia de Cádiz (y por extensión en Andalucía), y la situación de grave ilegalidad en la que se encontrarán los tres grandes vertederos (Miramundo, Jerez y Los Barrios) si no cuentan con la Autorización Ambiental Integrada a partir del 30 de octubre.

Más del 85% de los residuos urbanos de la provincia de Cádiz van a parar a los vertederos. Los centros de Jerez (Las Calandrias) y Los Barrios echan a vertedero más del 70% de la basura. Miramundo (Medina Sidonia) es un macrovertedero en el que no se realiza compostaje ni mucho menos biometanización de la fracción orgánica.

Se trata de una situación inaceptable e ilegal. A partir del 30 de octubre de este año todos estos vertederos, además del de La Victoria en Chiclana, se situarán al margen de la ley si no disponen de la obligatoria Autorización Ambiental Integrada de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, y deberán ser cerrados.

Emplazamos y exigimos a la Administración para que dé una solución satisfactoria a este problema que generan más de 750.000 toneladas de residuos urbanos que todos los años se producen en la provincia de Cádiz.

Medio Ambiente impondrá 150 sanciones graves, y las Confederaciones 10.000 menos graves, por vertidos a ríos en 2007

19/10/2007 15:27:00 EUROPA PRESS

El Ministerio de Medio Ambiente triplicará este año el número de sanciones graves o muy graves por vertidos a ríos en relación al inicio de la legislatura, ya que, a falta de dos meses y medio, estima que impondrá unas 150 frente a las 50 al inicio de la legislatura. Además, las confederaciones hidrográficas han sancionado unas 10.000 sanciones leves o menos graves.

Así lo explicó hoy el subdirector general de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente, Jesús Yagüe, tras participar en la presentación del programa del 'Día Mundial del Control de Calidad del Agua en España'. Yagüe explicó que estas actuaciones ha sido posible gracias al Plan de Choque de Control de Vertidos, a través del cual se han actualizado 700 autorizaciones de vertidos.

En este sentido, apuntó que las cuencas más afectadas por sanciones son aquellas con mayor 'estrés hídrico' por extracciones abusivas, mientras que en las cuencas del norte las sanciones tienen un enfoque más industrial. "Ha habido algunos incidentes, pero menos de los que esperábamos en estos últimos dos años de sequía", aseguró, al tiempo que recordó que en 2006 se impusieron 100 sanciones graves o muy graves.

Por otro lado, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (ADECAGUA), Gamaliel Martínez, dió cuenta del Programa de Voluntariado en Ríos, puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente, dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desde el pasado 18 de septiembre y hasta el próximo 30 de noviembre. Por el momento, organizaciones sociales y particulares ya han solicitado 111 'kits' de control de calidad para realizar muestreos y remitirlos a la organización.

CUATRO PARÁMETROS A MEDIR.

Se trata de un equipo de medición de la calidad del agua a partir de cuatro parámetros: temperatura, turbidez, oxígeno disuelto y ph, que también permite identificar la presencia de macroinvertebrados para valorar la calidad ecológica. El programa persigue que cualquier organización o ciudadano, y especialmente los escolares, colaboren en el control de la calidad del agua realizando las mediciones en cualquier río español, con el fin de concienciarse de la necesidad de mantener la calidad de las aguas.

ADECAGUA ha recibido ya 10 muestreos, pero espera llegar a 6.000 al final de la campaña. Con los resultados, la asociación elaborará un mapa del estado de las aguas en España. Estos resultados se integrarán en la base de datos mundial del 'World Water Monitoring Day', gestionada por la Federación Medioambiental del Agua (WEF).

Concretamente, organizaciones sociales han solicitado 64 'kits' (de ellas, 37 son para Cruz Roja Española); centros de educación ambiental han reclamado 7; universidades, otras 7; y colaboradores particulares, han solicitado 33. Por regiones, Madrid ha requerido 47; Cataluña, 10; Asturias, 8; Cantabria, 4; Andalucía, 8; Aragón, 12; Castilla y León, 12; Castilla-La Mancha, 6; y Navarra, 2. Además, Colombia también ha solicitado un kit para realizar muestreos.

"Se trata de una colaboración ciudadana a los 60.000 muestreos de calidad del agua que realizamos al año en España --aseguró--. Además, a través de este programa los resultados de sus muestreos se registrarán a nivel mundial". En la presentación también participó el responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja Española, Antonio Bruel.

Más de la mitad de los municipios españoles no depuran sus aguas, según un informe de Greenpeace

10/09/2007 17:33:00   Fuente: consumer.es

El último informe de Greenpeace sobre la situación medioambiental en España apunta a que la contaminación industrial de las masas de agua es notable en nuestro país. Muchas cuencas sufren vertidos químicos e industriales, lo que provoca que la calidad de sus aguas deje mucho que desear.

Según la asociación ecologista sólo el 11% de las masas de agua superficiales y el 16% de las subterráneas cumplen los objetivos de calidad fijados por la Directiva Marco del Agua.

Un dato que refleja la negligencia en el cuidado de las aguas es que aproximadamente la mitad de municipios españoles no depuran sus aguas.

El caso más grave de contaminación industrial es el del polo químico de la ría de Huelva. Se calcula que en esta cuenca se localizan 120 millones de toneladas de metales pesados y residuos radiactivos.

Narbona admite hay un problema de contaminación industrial debido a la desidia de las administraciones

28/08/2007 11:01:00  www.diaridetarragona.com

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció hoy que todas las zonas industriales de España padecen problemas de contaminación en sus ríos debido a la "desidia de las administraciones", porque durante años no se ha puesto el cuidado que era exigible en el control y depuración de los vertidos.

Con motivo de la "Semana del Agua" que organiza cada año su Ministerio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Narbona recordó en Santander las principales cifras del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a las administraciones públicas a destinar 19.007 millones de euros en los próximos años a descontaminar los ríos y recuperar los ecosistemas fluviales.

Medio Ambiente se ha comprometido a aportar un tercio del total de inversión prevista en ese plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio. Comunidades autónomas y Ayuntamientos deberán hacerse cargo de los dos tercios restantes.

Narbona recalcó que el punto de partida para cumplir con las exigencias que plantea la UE respecto a calidad de las aguas "era francamente malo en casi todo el país al inicio de la legislatura" en lo que se refiere al control de los vertidos a los ríos.

La titular de Medio Ambiente sostiene que la contaminación de las cuencas fluviales no sólo es un problema de infraestructuras de saneamiento y depuración, sino también "de gestión, de darle al control de los vertidos la importancia que tiene". "Y el control de los vertidos no fue una prioridad en la última legislatura", dijo.

Por ese motivo, añadió, su departamento puso en marcha en 2005 un programa de "tolerancia cero" con los vertidos a los ríos, que le ha llevado a revisar "la práctica totalidad de las autorizaciones existentes y a reforzar el control sobre los vertidos industriales".

"Es cierto que en todas las zonas industriales, en todas, hemos tenido una acumulación de problemas a lo largo del tiempo por la desidia de las administraciones, por la falta de control", advirtió Narbona, antes de citar ejemplos como los del polo industrial de Huelva, Cartagena (Murcia), la cuenca del Besaya (Cantabria) o "el más espectacular de todos": el del pantano de Flix (Tarragona).

El Ministerio de Medio Ambiente, recordó, está invirtiendo 100 millones de euros en descontaminar ese embalse del Ebro, donde durante años se han acumulado metales pesados y otras sustancias "muy tóxicas" que lo habían convertido en "una bomba de relojería".

Narbona consideró que situaciones cómo ésa se han producido tras años en los que "las empresas han contaminado el suelo y el agua" en España sin que hubiese normas que se impidiera, en un primer momento, y sin que se les exigiera cumplir lo legislado, más tarde.

La ministra señaló que otro de los problemas pendientes de solucionar respecto a la calidad de las aguas fluviales reside en la necesidad de dotar de saneamiento y depuración de las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, ya que hasta ahora el grueso de las inversiones se ha centrado en los núcleos urbanos de mayor tamaño.

Ecologistas acusan a la Xunta de Galicia de no trasladar la planta de ENCE-ELNOSA que amenaza la Ría de Pontevedra

10/08/2007 12:17:00  PONTEVEDRA, 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Por la Defensa de la Ría de Pontevedra (APDR), considera que la Xunta de Galicia no aborda "con el rigor necesario" el traslado del complejo industrial de producción de pasta de papel de ENCE-ELNOSA, que "pone en peligro el necesario proceso de saneamiento y recuperación de la Ría de Pontevedra". El colectivo ecologista recordó que respecto a esta cuestión existe un compromiso del BNG y el PSOE, desde que asumieron el gobierno autonómico, y sin embargo "cada día son más las evidencias que hacen pensar que el actual gobierno de la Xunta no está dispuesto a actuar decididamente, para adelantar la fecha de salida del complejo de nuestra Ría".

La APDR piensa que el goberno gallego "está dispuesto a dilatar indefinidamente" esta cuestión, y aunque duda sobre si esta actitud de la Xunta responde a su propia "ineptitud" o si se trata de un "caso de abierta complicidad con la empresa pastera", concluye que "en cualquier caso, la inoperatividad del gobierno resulta más que evidente". Para la APDR "no sólo la necesidad de recuperar la Ría para la explotación racional del marisqueo, la pesca y el turismo justificarían un cambio de actitud en el Gobierno gallego, sino que existen razones legales suficiente que respaldarían una actitud de fuerza frente a la empresa". El colectivo ecologista se pregunta qué razones puede aducir el gobierno gallego para no actuar contra ENCE, cuando la Ley le asiste y la ciudadanía le respalda.

Más de seis millones de toneladas de basura son arrojadas al mar cada año. La mayor parte son plásticos, que afectan a 267 especies marinas distintas

17/07/2007 13:30:00   Fuente: consumer.es

Un total de 6,4 millones de toneladas de basura alcanzan los océanos cada año, de los que entre el 60% y el 80% son plásticos. Estos datos figuran en un informe presentado ayer por Greenpeace en Barcelona a bordo del ?Rainbow Warrior?. La organización ecologista recordó que, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2005 existían hasta 13.000 fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado en los océanos.

El informe revela que el 70% de la basura se encuentra en los fondos marinos. El Mediterráneo noroccidental es la zona del planeta con mayor cantidad de basura en sus fondos, 1.935 unidades por kilómetro cuadrado. El Caribe, las costas de Indonesia, Mar Celta (Irlanda), Mar del Norte, Golfo de León y Golfo de Vizcaya son otras zonas con gran acumulación de basuras en sus fondos marinos.

Impacto de los vertidos

Los impactos de estos vertidos son diversos, y van desde el enmallamiento de animales marinos tales como tortugas, cetáceos y focas, la ingestión de plásticos, o la introducción de especies invasoras. Los plásticos, por ejemplo, afectan a 267 especies marinas distintas. La ingestión de estas basuras puede bloquear el tracto digestivo e impedir que los animales se alimenten correctamente hasta provocar su muerte.

La contaminación por basuras está empeorando la situación de especies que se encuentran ya críticamente amenazadas. Entre la sobrepesca, la pérdida de espacios costeros, la contaminación y los impactos del cambio climático, que se prevén especialmente severos en la región, el Mediterráneo se está vaciando cada vez más?, explica Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.

Limpieza y depuración

Greenpeace apuesta por llevar a cabo acuerdos mundiales como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques (Convenio Marpol), que en 1998 introdujo un anexo para prohibir los vertidos de los buques al mar.

Para resolver el problema, los ecologistas abogan por afrontar los residuos en el mar desde su origen. En este sentido, recuerdan que el 80% de la contaminación por basuras procede de tierra firme, principalmente a través de las redes de saneamiento, actividades industriales, o del turismo costero.

Greenpeace también aboga por incrementar las operaciones de limpieza de la costa y el lecho marino, así como mejorar los sistemas de depuración y poner en marcha políticas educativas y de sensibilización con una mayor implicación de las administraciones, las empresas y la ciudadanía.

Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace, manifestó que "si algo está claro es que estamos ahogando el mar en plásticos. Aunque se aumenten los gastos en limpieza de playas y fondos marinos, la basura vuelve con insistencia. Por ello, es preciso abordar el problema desde su origen y afrontar un cambio cultural que nos haga asumir que el mar no es un vertedero".

La Unión Europea toma medidas contra el transporte por mar de tóxicos. El objetivo es frenar la llegada de deshechos ilegales a países en vías de desarrollo

15/07/2007 19:38:00   Fuente: consumer.es

La Unión Europea (UE) ha introducido nuevas normas respecto al transporte de productos peligrosos por mar, en un intento de frenar que los desechos ilegales de materiales tóxicos lleguen a países en vías de desarrollo.Las normas, que entraron en vigor el jueves, se producen tras una serie de incidentes como el que protagonizó en 2004 un barco español, el Ulla, que vertió desechos tóxicos al Mediterráneo después de hundirse en un puerto turco. Dieciséis personas murieron y decenas de miles enfermaron tras un vertido tóxico de un carguero contratado por Holanda, el Probo Koala, en los alrededores de Abiyán, en Costa de Marfil. Muchas personas sufrieron vómitos, diarrea y dificultades para respirar tras inhalar los gases del vertido._

Debemos asegurarnos de que trágicos accidentes como el peligroso vertido del año pasado en Costa de Marfil nunca vuelven a ocurrir_, dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.Las normas, que actualizan una normativa de 1993, exigen a los gobiernos de la UE llevar a cabo inspecciones y realizar comprobaciones aleatorias en su territorio. También dan a los gobiernos el derecho a abrir los contenedores para comprobar su contenido.

Olivareros perderán las ayudas si atentan deliberadamente contra el medio ambiente

06/07/2007 11:09:00 Fuente: ideal.es

Esto va en serio. El respeto hacia lo verde ha dejado de ser una preocupación de cuatro ecologistas ’medio locos’ para convertirse en un asunto de interés general. Y si hay un colectivo que tiene que ponerse las pilas en todo lo concerniente al respeto del entorno, ése es el de los profesionales del campo, que deberán aprenderse como el catecismo el código de la condicionalidad para que no les toquen la cartera. ¿Qué significa eso de la ’condicionalidad’? Según la orden de 5 de junio de la Consejería de Agricultura, se trata de un «principio establecido en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) por el que se aplican reducciones o exclusiones a los pagos directos a los agricultores y otras ayudas (indemnización de montaña y zonas desfavorecidas, agroambientales, forestación...) que no cumplan una serie de requisitos de medio ambiente, salud pública, sanidad y bienestar animal, y mantenimiento de las tierras de explotación en perfectas condiciones».

Ésta será la literatura de la campaña informativa que pondrá en marcha la Junta de Andalucía a partir de septiembre, pero que ya se saben de memoria los 1.029 agricultores de Jaén que a lo largo de 2006 recibieron la visita de técnicos autonómicos cuyo cometido era comprobar si se habían tomado en serio eso de la ’condicionalidad’. De las plantaciones fiscalizadas (el 1 por ciento de todas las existentes en Jaén), el 8 por ciento (88 en términos absolutos) presentaron algún tipo de incidencia que requirió la apertura de expediente. Esto significa que 88 olivicultores vieron paralizadas sus solicitudes de subvención por detectarse algún tipo de práctica contraria al medio ambiente.

Tras la investigación de todas las circunstancias, unos salieron medio airosos y otros han tenido que recurrir a la vía contenciosa. Se fijan dos tipos de incumplimientos: descuido o deliberado. En el primero, la rebaja en los incentivos es del 5 por ciento cuando se trata de una negligencia casual y del 15 por ciento cuando hay reiteración. En el segundo caso, cuando se demuestra que hay intención de hacer mal, el castigo mínimo es del 20 por ciento sobre el importe de los incentivos o la expulsión del sistema. A la hora de evaluar, los funcionarios tienen en cuenta el alcance del daño (efectos dentro y fuera de las fincas), la gravedad (consecuencias en función de los incumplimientos de la norma) y persistencia (secuelas que puedan quedar en el tiempo).

De cualquier modo, estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño de sancionados (ese 8 por ciento se repite en el resto de provincias andaluzas). Lo importante es que hay un 92 por ciento que está haciendo las cosas perfectamente. Todos estos obedecieron la prohibición de labrar (labor que altere el perfil en una profundidad igual o superior a 20 centímetros) en recintos con pendientes mayores al 15 por ciento. También se tomaron en serio que en todos los olivares en los que se mantenga el ruedo desnudo en torno al árbol, mediante la utilización de herbicidas, será imprescindible mantener una cubierta vegetal viva o inerte en las calles transversales a la línea de inclinación.

Conservar las terrazas

Otra medida obligatoria es la conservación de las terrazas de retención, que mantendrán su capacidad de drenaje, así como los ribazos y caballones existentes, evitando de esta forma los aterramientos y derrumbamientos y la aparición de cárcavas. También está prescrito el arranque de los pies de olivos. Esta operación tan sólo se podrá llevar a cabo cuando se sustituya por otro, previa notificación a la Delegación de Agricultura. Tan sólo se permitirá la extracción por causas de fuerza mayor y por razones fitosanitarias, climatológicas o agronómicas que afecten negativamente a la viabilidad económica.

Por último, no se podrá efectuar una alteración significativa de las peculiaridades y características topográficas del terreno, como realizar desmontes superiores a dos metros o eliminar bancales, y para las superficies de regadío se exigirá acreditar el derecho de uso de las dotaciones mediante documento expedido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Para el delegado José Castro, es básico que los olivareros se tomen muy en serio esta cuestión, a fin de que cuando llegue 2013, y expire la PAC actual, Bruselas carezca de argumentos para acabar con los fondos para el agro, entre otras razones porque un buen porcentaje de explotaciones jienenses serían ruinosas sin el respaldo del dinero comunitario. También explica que el muestreo del 1 por ciento se elegirá de forma aleatoria, aunque para confeccionar el plan de control se tendrán en cuenta aspectos como el tamaño de la parcela, la ubicación geográfica y la uniformidad (la concentración vegetal).

Castro comenta que uno de los principales problemas es el de la erosión o pérdida de suelo fértil por los arrastres de agua, un fenómeno que está convirtiendo Jaén en la antesala del desierto. No es ninguna exageración, lo dicen los propios informes del Ministerio de Medio Ambiente, que señalan con punto rojo toda la cuenca del Guadiana Menor, un área en el que el régimen pluviométrico es inferior a la media de Jaén y Andalucía por razones orográficas y meteorológicas.

Graves secuelas

Este desgaste acarrea graves secuelas. Así, gran parte de los lodos acaban en los pantanos, que se acolmatan y que reducen su volumen de almacenamiento (todo ello sin contar que muchas veces las escorrentías también trasladar compuestos de nitrógeno, una sustancia muy nociva para los seres humanos y que puede desencadenar enfermedades tan malignas como el cáncer). En los ríos pasa algo similar. Las dimensiones de los cauces disminuyen y por tanto se rebaja la capacidad de transporte, por lo que aumenta la probabilidad de que haya desbordamientos cada vez que el cielo descargue con fuerza. También se ve mermado el potencial productivo de los cultivos. Los árboles no hallan reservas naturales de humedad en el subsuelo, por lo que los ciclos biológicos se resienten y se precisan aportaciones externas.

Expertos científicos critican el proyecto de crear un sumidero de CO2 en el Pacífico

24/06/2007 20:16:00  Fuente: consumer.es

Expertos científicos de varios países, reunidos esta semana en Galicia, han expresado su preocupación ante el proyecto de una empresa estadounidense de convertir una zona de las aguas del Pacífico en un sumidero de dióxido de carbono (CO2 ). El presidente del Convenio de Londres para la prevención de la contaminación marina y el vertido de desperdicios y otras materias, el español Víctor Escobar, indicó al término de la reunión que los participantes tienen previsto publicar una declaración para condenar ese tipo de planes. "Existe preocupación por la posibilidad de que pueda aprobarse por parte de algún país una cuestión de este tipo", dijo Escobar acerca del intento de una empresa estadounidense de poner en marcha una experiencia comercial de sumidero de CO2 .Las críticas por parte del citado grupo, integrado por expertos científicos de más de una veintena de países, tienen lugar tras la denuncia de la organización ecologista Greenpeace sobre el proyecto que pretende llevar a cabo la firma estadounidense Planktos, que ha hecho pública su intención de fertilizar una amplia zona de unos 10.000 kilómetros cuadrados mediante un procedimiento consistente en inyectar hierro en las aguas para favorecer la proliferación de algas susceptibles de captar el CO2 de la atmósfera. Ese proyecto, que inicialmente Planktos tenía previsto llevar a cabo en una zona próxima a las islas Galápagos, pretende contribuir a la reducción en la atmósfera de los niveles de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero. Escobar apuntó que existe gran inquietud entre los científicos acerca de la posibilidad de que ese experimento pueda dar a paso a una fertilización a gran escala.

Crecen las denuncias por delitos relacionados con el medio ambiente

03/06/2007 17:43:00   Fuente: consumer.es

La Memoria de la Fiscalía 2006 relativa a asuntos de medio ambiente y urbanismo revela que las diligencias abiertas en estos ámbitos "superan, por lo general, en número y complejidad a las abiertas y tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal". La mayoría de las denuncias relacionadas con el medio ambiente se deben a vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado, caza ilegal y uso de venenos, y contaminación acústica. Entre los temas de especial trascendencia están los incendios forestales. Sobre su prevención, se considera que un vertedero ilegal, situado además junto a una zona forestal, "es un presupuesto de primer orden determinante de la producción del fuego". El efecto lupa, el gas metano emanado de la basura, o la explosión de aerosoles por el calor, pueden provocar una combustión espontánea en un vertedero que, en el caso de los ilegales, carecen de cualquier medida de seguridad como cortafuegos o depósitos de agua, señala la Fiscalía. En su informe recuerda que ha instado a las fiscalías a un control de los vertederos ilegales y situados "peligrosamente junto a masa o zona forestal". Sobre el papel en los fuegos de las barbacoas, la Memoria indica que el fiscal de cada zona debe exigir a la Administración el cumplimiento de la normativa que limita el uso de las parrillas al aire libre en verano. Otra de las causas de los fuegos forestales, indica, es el nulo o mal mantenimiento de las líneas de alta tensión e insta a la Administración a un "celo especial" en su control. En cuanto a las quemas de rastrojos, la Fiscalía pide un mayor control de los permisos.

La justicia estadounidense dictamina la responsabilidad de BP en el vertido de crudo en Alaska

04/05/2007 11:53:00  MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Un comité estadounidense anunció esta semana que cuenta con pruebas suficientes para afirmar que el grupo petrolero British Petroleum (BP) es "responsable" del mayor derramamiento de petróleo ocurrido en Alaska el año pasado, debido a la corrosión de una de las tuberías de la compañía. El vertido de cerca de un millón de litros de crudo se produjo en marzo de 2006 y provocó el cierre de un yacimiento de su propiedad, Prudhoe Bay. Este pozo produce cerca del 2,6% del suministro petrolero diario estadounidense incluyendo las importaciones. El pasado mes de agosto, el Gobierno estadounidense ordenó investigar las causas del suceso concluyendo que el mal estado de las instalaciones fue "determinante" para provocar el vertido, que se debió a un pequeño agujero provocado por la corrosión en una tubería de 86 centímetros de diámetro a su paso por la tundra, a unos 400 kilómetros del Círculo Ártico. Por su parte, desde BP rechazan que la política de recortes de la compañía provocara el vertido aunque algunos trabajadores denunciaron que la reducción de presupuesto está relacionada con la tragedia. BP se encuentra en el 'punto de mira' de las autoridades estadounidenses desde que en marzo de 2005, una explosión en su refinería de Texas provocara la muerte de 15 trabajadores y otras 500 personas. En aquellas ocasión, la justicia también encontró una relación entre este accidente y la disminución de los costes. La compañía se defiende argumentando que ambos incidentes son "sucesos aislados" y no "un problema de seguridad".

España fue en 2006 el segundo país de la UE que más violó la legislación ambiental comunitaria

04/05/2007 12:16:00   Fuente: agroinformacion.com España fue el pasado año, por detrás de Italia, el segundo país de la UE donde más se infringió la legislación ambiental comunitaria, según un informe publicado ayer por la Comisión Europea (CE). El documento, que pasa revista a la política ambiental de la UE y de cada uno de sus estados miembros en 2006, pone de relieve que Bruselas abrió el pasado año 40 procedimientos de infracción contra España por casos "en su mayoría relacionados con el agua y la naturaleza". En particular, analiza los progresos logrados en España en la lucha contra el cambio climático, la energía, la eco-innovación, las iniciativas en el área de la naturaleza, el uso de los recursos y las leyes para proteger el ambiente. En el área del cambio climático, el documento destaca que España "es uno de los siete estados miembros que no espera llegar a los objetivos (fijados por el Protocolo de Kioto) ni siquiera aunque se pongan en marcha todas las medidas planeadas". Por ello, la Comisión señala que las autoridades nacionales "tendrán que identificar más políticas y medidas de reducción de las emisiones". El informe destaca, por otra parte, la colaboración que España está llevando a cabo con el Plan Latinoamericano de Adaptación al Cambio Climático, lo que considera "un ejemplo de cooperación norte-sur". Por otra parte, Bruselas destaca la labor "pionera" de España en el área de la energía solar con la construcción en la Plataforma Solar de Almería (PSA) de una nueva central que será "la primera planta comercial de este tipo en Europa" y que el país sea el segundo mayor productor de electricidad eólica del mundo. En el apartado de la "eco-innovación", la CE explica que las autoridades españolas invirtieron el pasado año 3 millones de euros en un programa para financiar proyectos de I+D+I para prevenir la contaminación en las ciudades. También menciona el informe la aprobación el pasado año de fondos para cuatro nuevos proyectos del programa LIFE destinados a proteger y conservar la naturaleza y biodiversidad, lo que ha aumentado a 47 las iniciativas nacionales que se benefician de esas ayudas. Por otra parte, en el apartado dedicado a analizar el "uso de los recursos", el Ejecutivo comunitario denuncia que "los vertidos ilegales y descontrolados son un problema urgente y muy extendido" en España, que ha generado la apertura de numerosos expedientes. Para solucionarlo, Bruselas pide a las autoridades que pongan en marcha todas las medidas previstas en la normativa europea y que inviertan en métodos de reciclado más ecológicos. Por otra parte, la CE recuerda la sequía producida en 2005 y 2006 en España, "lo que amenaza el suministro de agua a los hogares, impide los trasvases entre ríos y afectará a la agricultura, turismo, energía y a los ecosistemas". Por último, en el área normativa Bruselas destaca la aprobación en España de una ley que permitirá obtener ayudas a las Organizaciones No Gubernamentales que difundan información sobre el medioambiente y una modificación para extender los estudios de impacto ambiental a todos los planes y programas urbanísticos. El informe anual de la UE destaca, por otro lado, que la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una de las prioridades de los Veintisiete. Recuerda además la aprobación el pasado diciembre del reglamento REACH que regulará el registro, la evaluación y la autorización de unas 30.000 sustancias químicas fabricadas o importadas en los Veinticinco y los avances en la normativa destinada a conservar la biodiversidad y los recursos naturales y la estrategia para fomentar un desarrollo sostenible.